Después de las numerosas críticas recibidas, incluso dentro de su propio partido, el Gobierno prepara algunos cambios en su anteproyecto de reforma sobre la Ley del aborto. Estos cambios, aunque leves, afectaran sobre todo al aborto por malformación, supuesto que en el anteproyecto actual se supedita a que la anomalía fetal suponga un  riesgo para la salud psicológica de la madre.

Pero incluso con ese retoque, la  Ley seguira siendo muy restrictiva, ya que elimina el derecho de la mujer a abortar sin alegar ninguna razón ( en la actual ley del aborto  se permite hasta las 14 semanas de gestación.)

Las autonomías no gobernadas por el PP han elaborado informes muy críticos con el proyecto del gobierno. Andalucia, Asturias, Canarias y Cataluña piden directamente su retirada, por el "recorte" y la "regresión" que supondría en los derechos de la mujer. El gobierno vasco califica la reforma como un "paso atrás francamente incomprensible".

El gobierno también ha remitido su proyecto de reforma a organismos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal, que todavía no ha elaborados sus informes.Sí lo han hecho las organizaciones sociales, de mujeres y sanitarias, a las que el departamento de Gallardón también preguntó (unas 30 ), y sus informes, en la mayoria de los casos son muy críticos.

Casi todos los informes encargados coinciden en la necesidad de recuperar el supuesto de malformación - que la ley actual recoge hasta la semana 22 para patologías graves y sin plazo para las extremas o incompatibles con la vida. También el informe que la Organización Médica colegial  que agrupa a todos los médicos de todas las especialidades colegiados en España - ha remitido al Ministerio de Justicia pide el supuesto de aborto por anomalía fetal se queda como en la actual ley .Incluso el Gobierno gallego, del PP, ha dado a entender que se pronunciara en favor de los abortos por malformacón fetal.

Las organizaciones de mujeres consultadas han exigido el gobierno que retire un texto que considera "insalvable" y claman contra una norma que elimina el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad. La asociación de mujeres juristas Themis - y las 13 entidades del consejo de Participacipación  de la mujer defiende además de la constitucionalidad de la actual  ley, frente a los argumentos del  gobierno, que asegura que emprende la reforma para proteger los derechos del no nacido, en consonancia con la doctrina del alto tribunal .

El anteproyecto de ley despenaliza el aborto en dos supuestos, aunque tambien establece que " la mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo no ha de ser considerada ni definida de antemano como una enferma mental".

El informe del Gobierno andaluz cita varios estudios que enumeran los problemas que se puedan presentar cuando se le niega el derecho a una mujer a abortar: trastornos de ansiedad, angustia, pensamientos negativos hacia el bebe e incapacitación para la toma de decisiones.

En cuanto a la objeción de conciencia que el anteproyecto recoge para los profesionales sanitarios, la sociedad española de Ginecológia y obstetricia, cree que solo aquellos profesionales que participen de manera directa en la intervención deben poder inhibirse alegando razones de conciencia.

También Andalucia, Canarias, Asturias, así como las organizaciones de mujeres y las médicas alegan que el camino burocrático y administrativo que ha trazado la nueva ley, visita a dos médicos, asesoramiento social, siete días de espera es un obstáculo.

Casi todos los informes reclaman más ayuda para quienes decidan seguir adelante con el embarazo, no solo económicas, sino también beneficios sociales.