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Divergencias sobre el aborto en el seno del PP

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Divergencias sobre el aborto en el seno del PP

Suenan voces discordantes en el entorno del Partido Popular con respecto al aborto. Mientras que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aboga por una reforma de la ley que elimine el supuesto de malformación del feto, otros miembros del partido se han mostrado claramente contrarios a esta idea.

Como indica el periodista Fernando Barea en el diario El País, uno de los pocos que ha respaldado las intenciones del ministro de Justicia fue el ministro del Interior, Jorge Fernández, quien no ha dudado en mostrar su “apoyo de la a la z a Gallardón”, como ha expresado recientemente.

Sin embargo, otros miembros del partido como Alfonso Alonso –portavoz del PP en el Congreso-, ha admitido que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo “es un debate que está abierto” en el seno del PP. Por su parte, María Dolores de Cospedal, número dos del partido, así como los diputados Celia Villalobos y Rafael Hernando, tampoco han respaldado la intención de Gallardón, como cuenta Fernando Barea en su artículo.

La intención de Gallardón

“Por primera vez en la historia de España, con el proyecto de ley que vamos a presentar, no se contempla la posibilidad de que una mujer vaya a la cárcel, porque la mujer es una víctima del aborto y no es responsable”, comentaba Gallardón en el Senado en respuesta al PSOE.

Actualmente, el artículo 145 del Código Penal, fruto de la reforma llevada a cabo en 2010, expone que habrá pena de prisión de uno a tres años para quien “produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por ley”, recoge Barea en su artículo. Así, para aquellas mujeres que consientan abortos fuera también de los casos permitidos por la ley, se enfrentan a penas de multa que van desde los seis a los veinticuatro meses. Además, el texto contempla que las penas serán mayores si la interrupción del embarazo se lleva a cabo con posterioridad a la semana 22 de gestación.

Gallardón ha aclarado que la intención de la reforma legal es que no se impongan penas de prisión o multas para las mujeres que son sometidas a abortos ilegales, aunque sí las habrá para quienes ayuden o sean partícipes de esas interrupciones de embarazos.

No obstante, el borrador del texto aún no está concluido. Fuentes del Gobierno constatan que existe un debate interno en torno al tema del aborto y que es necesario hacer referencia en el nuevo texto al Convenio Europeo de protección de personas con discapacidad, lo que en ningún caso debería suponer la eliminación de ese supuesto.

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