Todas las mujeres que vayan a abortar en una de las tres clínicas privadas acreditadas de Baleares deberán adelantar el coste de la intervención, presentar factura y esperar su reembolso según el calendario de los servicios autonómicos.

Esta es la nueva iniciativa que el Gobierno Balear del PP, aludiendo motivos económicos, ha puesto en marcha tras anular el acuerdo que existía con las clínicas privadas de sufragar esas intervenciones por “alegal” y porque, en opinión de Juan José Bestard –director del organismo de la sanidad pública balear IBSalut- no había ningún tipo de control sobre las interrupciones voluntarias del embarazo que realizaban.

Y es que en algunas comunidades autónomas hay clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que han llegado a acumular una deuda de hasta un millón de euros, cantidad que surge de haber derivado pacientes mes a mes a estos centros privados que costeaban las intervenciones y posteriormente no recibían el reembolso por parte del servicio público de salud, como ha sucedido en Castilla-La Mancha.

En Cataluña también sucedió que las pacientes debían adelantar el dinero de la intervención, situación a la que se puso fin el pasado 1 de noviembre cuando el departamento de Salud de la Generalitat aprobó un nuevo modelo de gestión tras los correspondientes concursos para concertar la prestación.

En el caso de Baleares, Juan José Bestard ha dado a conocer que serán las propias pacientes quienes deberán adelantar el pago de la práctica del aborto si son derivadas a un centro privado. Posteriormente, será la sanidad balear la encargada de devolver ese importe que, según el presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), ronda los 500 euros si se trata de un aborto inferior a las 14 semanas, pero que puede alcanzar los 1.500 euros en el caso de que existan complicaciones para la madre o el feto. Bestard ha indicado, además, que las mujeres que no puedan costear esta intervención deberán solicitar una ayuda social.

No obstante, la Ley 2/2010 de Salud Sexual, Derechos Reproductivos y de Interrupción Voluntaria de Embarazo indica que “si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación”.

Un total de 2.350 mujeres abortaron en las tres clínicas IVE acreditadas de Baleares en los once primeros meses de 2011. Por estas intervenciones, las clínicas percibieron alrededor de 900.000 euros según datos aportados por la consejería de Sanidad el pasado mes de diciembre. Desde el IBSalut han asegurado que el derecho está “garantizado” y “que se efectuará reembolso” de los costes adelantados por las pacientes.