Según fuentes parlamentarias, la reforma que prepara el Gobierno sobre la vigente Ley del aborto, no recogerá la malformación fetal como un supuesto específico que permite la interrupción voluntaria del embarazo, sino que se englobe en el grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre. La listas de anomalías fetales incompatibles con la vida podría basarse en la que en su día elaboró el Comité de Bioética de la Sociedad Española de Ginecología (SEGO) para la Ley del aborto de 2010, aún vigente, y que se refieren a aquellas que previsible o habitualmente se asocian con la muerte del feto o del recién nacido durante el período neonatal. Entre ellas se contemplan la anencefalia, la exencefalia, la hidranencefalia, la agenesia diafragmática o la renal bilateral, la displasia esquelética letal con hipoplásica torácica y afectación precoz, etc, y algunas cromosopatías como latrisomía 18, la 13, la 9 o triploidias.

Otras fuentes parlamentarias señalan que esta reforma deberia tener en cuenta una de las recomendaciones efectuadas por el Comité de Bioética del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en su informe en el que avala la Ley de Gallardón, y que se refiere a que la  obtención de los cuatro documentos estipulados en la ley para poder abortar, sea la Administración sanitaria la que se encargue del asesoramiento, la información y certificación de los mismos. Para ello el Comité propone la creación de Unidades Multidisciplinares de Asesoremiento ante el embarazo en Situaciones de Conflicto, formadas por profesionales de la sanidad pública expertos en la materia. 

El primer debate parlamentario sobre la nueva ley aún no tiene fecha, pero la presentación de enmienda a la totalidad de la ley, pidiendo la retirada de la misma se producira, previsiblemente  en el mes de Septiembre. lo que supondrá congelar dos meses la tramitación del proyecto. En este sentido, según las previsiones, casi todos los grupos parlamentarios, excepto UPN y los diputados de Unión. presentarán una enmienda a la totalidad del texto presentado por el Gobierno.

Desde la dirección del PP se considera esta reforma como una complicación que ha podido influir en los negativos resultados electorales en las pasadas elecciones europeas del 25 de mayo, lo que ha hecho que el propio Partido haya presionado para que el Ministerio de Justicia de Gallardón revise el proyecto inicial. Incluso, si el texto llegara a las Cortes, se intentara prolongar su tramitación para evitar daños mayores en las elecciones municipales, autonómicas y genereales, que se celebrarán en el año 2015.