La asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) a la que el ministerio de Justicia ha pedido un informe de consulta cree que el anteproyecto de ley del aborto es insalvable y solicita directamente su retirada.

Aseguran que la ley vulnera los derechos de las mujeres y "desconfia" de la ética y la profesionalidad de quienes las atienden, al exigir que dos médicos -que no trabajan en el centro donde se hará la intervención- certifican que la salud de la mujer corre grave riesgo si quiere acogerse a ese supuesto para abortar.

Acai sostiene que el diseño de la ley impone tantas barreras administrativas -visita a dos médicos, trabajadores sociales siete días de espera ...- que hace el acceso casi inabordable.

Algo que, indican, contraviene el Convenio Europeo para la protección de los derechos fundamentales.

Acai apunta también en su informe, que con los numerosos pasos que la ley prevé hasta llegar a la intervención, la paciente habrá dejado su información íntima en multitud de documentos, registros y habra tenido que contar su caso a varios profesionales. Un ataque contra su intimidad, valora Acai, que afectará en mayor medida las mujeres de poblaciones pequeñas y a aquellas que soliciten el aborto por violación.

Denuncian además, la "desprotección" que sufrirían los médicos con la nueva ley, ya que "quedarán al albur de la revición e interpertación que sus actuaciones profesionales realicen los juzgados y tribunales de justicia".

El anteproyecto de ley del aborto dispone que la embarazada que quiera realizar una interrupción de embarazo  tendrá que recibir información sobre las opciones disponibles si decide seguir adelante con la maternidad, tras lo que tendrá que esperar siete diás de reflexión, tiempo que Acai considera absolutamente excesivo.

Numerosas críticas de Acai sobre la reforma, se une a la numerosas sociedades científicas y médicas. Amnistia Internacional tambien ha solicitado la retirada del anteproyecto de ley que, consideran, vulnera los derechos de mujeres y niñas. La reforma  "podria causar un aumento de aquellas que rrecurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud y hasta su vida", dijo Jezerca Tigani, directora adjunta para Europa de Amnistia Internacional.