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El Poder Judicial reclama al Gobierno reconsiderar en su totalidad y retirar la reforma de la ley del aborto

El Poder Judicial reclama al Gobierno reconsiderar en su totalidad y retirar la reforma de la ley del aborto

El consejo General del Poder Judicial está elaborando un informe al anteproyecto de reforma de la ley del aborto elaborado. Dicho informe, que actualmente se encuentra en fase de borrador, y que se votará previsiblemente en el pleno de marzo, reclama al gobierno "reconsiderar en su totalidad y retirar " la reforma promovida por el ministerio de Justicia

El informe tiene carácter consultativo, no vinculante para el Gobierno, pero dada la procedencia del mismo, el Poder Judicial, tiene indudable relevancia  jurídica.  Sostiene que la supresión de la actual ley de interrupción de embarazo por un proyecto "más restrictivo" como el que se propone "nos aleja de los paises de nuestro ámbito jurídico- político,supone un retroceso en el avance de los derechos y de la igualdad de la mujer"por lo que debe ser considerado en su totalidad y retirado por el Ejecutivo,  y recuerda que el modelo de plazos vigente se sitúa en el marco general seguido den la mayoria países de nuestro entorno, en los que la previsión de un plazo para el aborto oscila entre las 12 y 14, semanas principalmente.

Indica, asimismo, que la actual ley se acompaña de un sistema de indicaciones cerrado y taxativo, extructurando, en la constatación de un riesgo grave para la vida o la salud de la gestante, o en la comprobación de la existencia de anomalías fetales graves, o extremadamente graves, estableciendo en estos casos un plazo para la interrupción del embarazo en torno a las 22 y 24 semanas de gestación. Sin embargo este modelo sufre "una radical transformación"  en el anteproyecto, que vuelve al esquema básico previsto en la Ley de 1985, basado en el establecimeinto de indicaciones tasadas que se configuran como conductas despenalizadas del delito de aborto, sistema que nos sitúa en el ambito de las regulaciones más restrictivas en la materia".

Añade el informe que la propuesta del Gobierno "contempla un régimen aún más restrictivo que el de 1985, en el que la libertad de la mujer embarazada, y la ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación, y la dignidad, decaen de forma evidente ante la protección de bien jurídico que representa el concebido", que según ha sostenido la jurisprudencia en reiteradas ocasiones , " no es titular de un derecho a la vida, sin que ello suponga que carezca de protección constitucional".

Asimismo, asegura que el anteproyecto desconoce la evolución de la sociedad española,en una cuestión que es básicamente de conciencia, y nos retrotrae a tiempos pasados y a prácticas indeseables,como el "aborto clandestino" o el llamado turismo abortivo".

Finalmente, considera el informe preliminar que la reforma vulnera libertades de la mujer, que se convierte en un "mero instrumento al servicio de la maternidad, necesitada de información y asesoramiento para decidir sobre su propia vida e intimidad, y su integridad personal, sin tener en cuenta sus derechos fundamentales.

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