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Discriminación en la reproducción asistida contra solteras, lesbianas y transexuales

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Discriminación en la reproducción asistida contra solteras, lesbianas y transexuales

Mariella y Lourdes quieren ser madres. Viven en Aranjuez, así que en 2013 fueron al Hospital del Tajo, el que les correspondía. Allí no tenían unidad de reproducción asistida y les derivaron al 12 de Octubre. Pese a que la legislación vigente entonces cubría el proceso para lesbianas (sólo se necesitaba "una indicación clínica") les dijeron que no cumplían los requisitos, entre otros motivos, porque “la madre biológica, tenía una pareja mujer”.
 
Tras un periodo de reflexión, acudieron a la Fundación Jiménez Díaz. En esta ocasión Mariella optó por presentarse como una mujer soltera, para evitar una nueva discriminación. Debido a ello, le abrieron un expediente desde cero y tuvo que volver a someterse a todas las pruebas. Le realizaron inseminaciones artificiales con las consiguientes hormonaciones, (que no funcionaron) y tres fecundaciones in vitro, para los que había una lista de espera de seis meses.
 
Cuando volvieron a visitar a su doctora, el 15 de enero de este mismo año, ésta les comunicó la negativa del centro a continuar con su tratamiento de reproducción asistida. Les dijo que se había modificado la cartera se servicios y se cancelaba la T.R.A para mujeres sin pareja varón y madres solteras. Mariella y Lourdes se quedaron muy sorprendidas, porque conocían la nueva norma, pero no pensaban que pudiera paralizar procesos ya iniciados. Así lo han denunciado públicamente en una reciente rueda de prensa, donde contaron cómo se han vulnerado sus derechos sexuales y reproductivos.
 
Y es que el año anterior había entrado en vigor la Orden Ministerial 2065/2014 de 31 de octubre. En ella se restringe la financiación pública de las técnicas de reproducción asistida a quienes no puedan lograr el embarazo "tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos. 
 
Su abogada, Paula Ibáñez, considera que la orden ministerial supone una discriminación por motivos ideológicos y que el caso de estas dos mujeres no es aislado. Iniciarán la reclamación por la vía administrativa y después por la contenciosa. Ibáñez sabe que la orden ministerial tiene un rango inferior a numerosas normas que no puede contradecir. La propia Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida establece que personas pueden beneficiarse de dichas técnicas y textualmente dice “con independencia de su estado civil y orientación sexual". El artículo 18 de la Constitución española garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar. Su artículo 9 establece que “los derechos adquiridos que han sido otorgados por la Administración no pueden revocarse”.
 
Julia Yagüe, del colectivo Las Tejedoras, que también asistió a la rueda de prensa, manifestó que la exclusión de solteras, lesbianas, bisexuales y transexuales de la reproducción asistida buscaba “la imposición de un modelo de familia y de ser mujer”. Señaló que existe asimetría geográfica entre la legislación de las diferentes comunidades autónomas. En Extremadura y Cataluña es posible el acceso a la reproducción asistida, según Yagüe, por sus leyes favorables a la diversidad sexual.
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