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Aragón garantiza el pago de los abortos a pesar de su deuda con las clínicas

aragon y el aborto

Aragón garantiza el pago de los abortos a pesar de su deuda con las clínicas

El Gobierno de Aragón se ha visto obligado a anunciar que asegurará el pago de las interrupciones voluntarias de embarazo (IVE). Y es que recientemente las dos únicas clínicas acreditadas a prestar el servicio público de IVEs en la comunidad comunicaron la suspensión del acuerdo con el Gobierno de Aragón porque la deuda supera ya los 800.000 euros.

Esta disolución del acuerdo ha sorprendido al departamento de Salud y Consumo de la comunidad pues aseguran que habían consensuado pagar la deuda a plazos: 250.000 euros antes de diez días, 150.000 antes del verano y el resto de la deuda antes de concluir el año.

Por ello, fuentes del gobierno autonómico han querido resaltar su compromiso a reconocer “el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo” y han señalado que “lo respeta y va a seguir manteniendo este servicio”.

Según han confirmado, seguirán prestando el servicio público de IVE con medios propios, lo que opinan que será “más económico” para el Gobierno autonómico, y en caso de no poder dar servicio a toda la demanda, se derivaría a las pacientes a clínicas de comunidades autónomas limítrofes. Pero, quieren destacar: siempre “de forma gratuita” para la mujer.

Más de 2.000 mujeres afectadas

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) asegura que a día de hoy “las deudas que diversos gobiernos autonómicos tienen contraídas con las clínicas están asfixiando económicamente a los centros, abocándolos al cierre”. Según sus cálculos, el cierre de estas clínicas supondría dejar sin el recurso de aborto a más de 100.000 mujeres en España.

Concretamente en el caso de Aragón, como indica ACAI en un comunicado, su deuda supera los 800.000 euros “que la Consejería no sólo no ha solventado, sino que tampoco ha presupuestado en sus partidas económicas para el ejercicio de 2012”.

Las clínicas Actur y Almozara, únicas que atienden la demanda de aborto en la comunidad desde hace 15 años, informaron el pasado 15 de marzo a la Administración de la suspensión parcial de los acuerdos con la Administración. A la espera de una respuesta, según ACAI, “a día de hoy resulta insostenible para los centros mantener la gratuidad de la prestación, ya que se verían abocados a un cierre inevitable”.

Por tanto, hasta que la Administración ofrezca una solución, “las mujeres que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación a partir del 3 de mayo, toda vez que concluya el período preceptivo y obligatorio de reflexión que establece la Ley”, indica la Asociación de Clínicas.

No obstante, aclaran que “los centros de Aragón han intentado, desde que se comenzó a aplicar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrpción Voluntaria del Embarazo, que esta norma se aplicase con normalidad en todo el territorio”, pero opinan que la Administración no ha sido capaz “en un año y nueve meses de articular un plan de pago que no perjudique a las más de 2.000 mujeres que abortan anualmente en territorio aragonés”.

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